La Universidad de Trapisonda pensó en hacer una buena y sólida crítica de este libro de D. Pedro González-Bueno, ministro del Primer Gobierno de Franco y autor –verdadero autor, con su hermano- del Fuero del Trabajo. Este fuero, tan avanzado que aún ahora mejoraría las condiciones laborales, surgió de una primera idea de Franco para aliviar la situación laboral de España, situación que era la que dejaba la República en su retroceso. De esa idea y del trabajo esforzado de un ministro que eran muy consciente de estar preparando la necesaria justicia social que España precisaba.Tiempos heroicos en que se hacían leyes fundamentales a lápiz, sobre una mesa, entre las dos camas de una habitación de hotel. Franco llamó a Pedro González-Bueno a su Cuartel General y le anunció que iba a formar gobierno. El falangista González-Bueno, hombre llano y sincero, respondió:-¿Pero ahora va de veras, mi General?Y tan de veras. No mucho después era nombrado ministro de Organización y acción sindical. Así lo cuenta el que debe ser recordado como el primer ministro de Sindicatos, en sus memorias, recién salidas con el título de EN UNA ESPAÑA CAMBIANTE:ESPAÑA EN GUERRA
Mi primera y casi única fuente de inspiración era la concepción generalizada del Estado propuesta en el ideario de José Antonio, que con el tiempo inspiró la Ley de Principios del Movimiento de 17 de mayo de 1958. Por otra parte, conocía la doctrina social de la Iglesia, expuesta sobre todo en la encíclica Rerum novarum, de Su Santidad, el Papa León XIII. No tenía en mi poder la Carta del Lavoro, pues, como dije, regresé de Italia sin considerarla de interés para mis fines en cuanto al Fuero del Trabajo. No pisaba firme, por tanto, sobre la orientación y contenido que debía dar al documento cuya redacción se me había encomendado. Entendía que habría de referirse a problemas laborales y sindicales, pero pronto pensé que éstos sólo podrían encauzarse si se partía de una nueva concepción social y económica del mundo laboral. La producción, que es la que da lugar a la aparición de los sindicatos, puede desarrollarse de muy diversas formas, según cual fuere el régimen político en que se desarrolla. En aquellos momentos estábamos partiendo de unas concepciones políticas que desechaban tanto los regímenes de democracia liberal con base en los partidos políticos, como los de corte socialista o comunista, en sus diversas modalidades. La intención del nuevo Gobierno era crear un régimen democrático en el que la participación del pueblo en las tareas legislativas se hiciera por sus legítimos representantes a través de las células en que el individuo desarrolla su vida real: la Familia, el Municipio y el Sindicato. Deducía de estas consideraciones que lo que realmente se esperaba de rní era ordenar las bases socio-económicas que respondieran a la política que latía en el ideario de José Antonio y que Franco intentaba llevar a la práctica.
De nuevo requerí la colaboración de mi hermano Pablo, cuya formación jurídica me era de gran utilidad y con quien me había acostumbrado a compartir este tipo de labores creadoras. Nos dispusimos a trabajar en mi habitación del hotel, que nos permitía un mayor grado de aislamiento que el despacho provisional de la Cruz Roja. Pablo se sentó, provisto de lápiz y cuartillas, ante una mesa colocada entre las dos camas que tenía la habitación, y yo me dispuse a darle forma a mis ideas, al tiempo que paseaba arriba y abajo.
Pasados los años, no dejan de sorprenderme las afirmaciones que acerca de mis actuaciones políticas encuentro en algunos textos. Tal es el caso de un interesante libro titulado El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Súñer, en el que su autor pone en boca de Ramón la afirmación de que la Ley de Responsabilidades Políticas fue redactada por mí, que era —el mismo autor lo dice— ministro de Organización y Acción Sindical y que conté para ello «con un pequeño equipo de juristas que tenía». El equipo de juristas era ciertamente muy reducido: mi hermano, como en otras ocasiones de este relato.
En cuanto a esa alusión —de mayor calado— a la Ley de Responsabilidades Políticas, Ley de Jefatura del Estado, de 9 de febrero de 1939 (Boletín Oficial del Estado, 13-2-39), no puedo hacerme responsable de su autoría, como lo hago en cambio con otros textos igualmente comprometidos. Más verosímil parece que Serrano, a la sazón ministro del Interior, departamento en el que sí encaja la propuesta de esa disposición,(32) hubiese querido alejar de sí la responsabilidad de su redacción ° que el autor del libro citado decidiese por su cuenta ayudarle a lavar su imagen de hombre tan implicado con el Movimiento Nacional. Ese libro se publicó en el año 1981, no hay que pasar por alto ese dato.
31. Saña, Heleno, El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Súñer, Barcelona, BI, pág. 102.
32. En el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 36, Editora Nacional, Madrid, 1938, puede verse un ejemplo que corrobora esa hipótesis sobre autorías. Las órdenes de 21 de diciembre de 1938 y de 15 de febrero de 1939 relativas a la creación de esa Comisión llevan ambas la firma de Serrano Súñer, a la sazón Ministro de Gobernación.
Pero, volvamos al hilo del relato. Comenzamos por comentar la forma que daríamos a un documento que habría de tratar de muy diversas cuestiones. Desechamos la idea de una redacción continuada, que era muy difícil, y acordamos abordarlo en forma de «Declaraciones» aisladas, que como capítulos podían circunscribirse a materias específicas, y que después podrían estructurarse siguiendo un orden lógico.
Trabajamos muy intensamente durante varios días, empezando por acopiar toda la información de que disponíamos, entre la que figuraban las notas que yo había tomado en mi aproximación al Decálogo del Trabajo del que inicialmente me hablara el Caudillo y todo lo que fui recogiendo después de entre los textos que había ido leyendo desde entonces. Por este procedimiento, llegamos a redactar una propuesta de declaraciones que juzgué bastante completa en el aspecto social y con el grado de elaboración suficiente para ser presentada en el Consejo de Ministros, como avance del documento que se me había encargado.
Con preocupación no exenta de temor y también, a qué negarlo, con un tanto de emoción, di lectura a mi trabajo en el Consejo de Ministros que se celebró el 22 de febrero de 1938. Finalizada la lectura, que se escuchó en un impresionante silencio y expectación, tomó el primero la palabra Sáinz Rodríguez, que ensalzó el escrito con grandes elogios a los que pronto se sumaron los demás ministros. Se decidió seguidamente nombrar una comisión integrada por Serrano Súñer, Sáinz Rodríguez, Suanzes, Fernández-Cuesta, Amado y yo como ponente, que se encargaría de desarrollar y completar en pocos días el texto presentado.
En aquel Consejo no se trataron otros asuntos y, una vez que hubo levantado la sesión, el Generalísimo se acercó a mí para felicitarme, cogiéndome las manos y dándome las gracias repetida y efusivamente por el trabajo realizado. Le respondí que con toda seguridad, primero la comisión designada y más adelante el Consejo Nacional, podrían mejorar el texto, pero que por mi parte había hecho todo lo posible para cumplir el encargo recibido.
De conformidad con el acuerdo adoptado, la Comisión se reunió en días sucesivos en el despacho de Serrano Súñer. Se trabajó con gran intensidad, aportando cada uno nuevas ideas que, como se había previsto, mejoraron la propuesta inicial sin modificar su estructura, que mantuvo su redacción en forma de declaraciones. El nuevo texto así elaborado se aprobó en otro Consejo de Ministros y se remitieron copias a todos los consejeros nacionales, al mismo tiempo que se les convocaba para una reunión en la que se sometería a deliberación el documento.(34) El Consejo Nacional debía iniciar sus sesiones el día 6 de marzo para ser clausurado tres días más tarde.
34. Payne, Stanley G., Falange. Historia del fascismo español, Ruedo Ibérico, 1965, pág. 152, recoge una versión según la cual hubo dos anteproyectos distintos y dice a este propósito que el primero se había encomendado a «Joaquín Garrigues y Francisco Javier Conde, con quienes debía colaborar Ridruejo. El proyecto de estos últimos resultaba bastante radical: toda la economía nacional debía quedar bajo el control de un sistema sindical basado en un concepto de la propiedad esencialmente capitalista [...] defendido en Consejo de Ministros por Fernández-Cuesta, fue inmediatamente desechado». Y añade: «El proyecto de González-Bueno, mucho más conservador y basado en un paternalismo capitalista, fue adoptado, confiándose al Consejo Nacional la misión de darle forma definitiva». Como es fácil comprobar, la versión que da este historiador, con el tiempo uno de los mejores y más documentados hispanistas, en la que fue una de sus primeras obras sobre España, no coincide exactamente ni con mis recuerdos ni con el relato de Fernández-Cuesta, en su obra ya citada.
